viernes, 19 de abril de 2013

Manifiesto en defensa de la autonomía local y las juntas vecinales



MANIFIESTO  EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL

El Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pretende ajustarse a los principios de austeridad y recortes presupuestarios. Estos principios fueron consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución Española, un artículo modificado a espaldas de la ciudadanía y priorizando el pago de la deuda a cualquier otro gasto y poniendo, en definitiva, el Gobierno al servicio de los mercados.

Bajo esa premisa económica se abordan soluciones de marcado sesgo ideológico y de claro corte neoliberal. Se vuelve a utilizar la crisis como excusa para imponer una Ley injusta que va en contra de los intereses de la mayoría de la ciudadanía. La degradación de los servicios públicos, fruto de las políticas de austeridad, está afectando a la vida de las personas,  pero también al funcionamiento de una economía cada vez más deprimida y en recesión. Los recortes no hacen más que ahondar en esta mala situación y perjudican claramente a las cuentas públicas por la reducción de ingresos. Mientras, se trasvasan grandes cantidades de dinero y se convierten los servicios públicos en negocios de los que se beneficiarán unos pocos.

Al mismo tiempo, se ignoran el principio de autonomía y el principio de subsidiariedad y se pasan por alto los derechos y las necesidades de la ciudadanía y los niveles de calidad, eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan. Con este anteproyecto de Ley, las alternativas para la mayoría de los Ayuntamientos serán las de suprimir servicios públicos o privatizarlos.

La democracia local, que con tantas dificultades se construyó por todos y todas, está en peligro por esta reforma de la Administración Local con la que el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que aún quedan en manos públicas. Del mismo modo se diseña una trampa para eliminar las entidades locales menores y el modelo del concejo abierto a todos los vecinos y vecinas que se practica desde hace siglos en provincias como León, Burgos, Palencia o Soria. Pierden su personalidad jurídicas y sus bienes comunales pasarán a municipios vacíos de competencias, a la Diputación y los Montes de Utilidad Pública a la Junta de Castilla y León. Un auténtico robo al patrimonio de más de 2000 Juntas Vecinales

Con esta ‘ley anti-ayuntamientos’, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un ‘coste estándar’ fijado por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará por debajo del coste real de los servicios. Esta reducción tendrá consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos, así como la pérdida de empleo municipal. Además, las Diputaciones impondrán en ese caso los impuestos locales a los municipios. También las ciudades de más de 20.000 habitantes verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales debido a la imposición de ese ‘coste estándar’. En el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la práctica su entidad como municipio.

La pérdida de la prestación de servicios supondrá, por tanto, un grave retroceso de la calidad democrática. En un momento donde la ciudadanía reclama mayor participación en la vida democrática, con este anteproyecto el PP mutila la participación  y la capacidad de decisión sobre las políticas de proximidad que se desarrollan en los Ayuntamientos.

Por todo ello, en el día en el que se conmemora el 34 aniversario de la constitución de los Ayuntamientos democráticos tras la dictadura, hacemos un llamamiento a la defensa de los pueblos y ciudades para que sean espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de sus gentes y no de quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y los derechos de los pueblos. Exigimos al Gobierno que retire de manera inmediata el Anteproyecto de Ley  para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.


En León, a 19 de abril de 2013


Fdo; Santiago Ordóñez González
Coordinador Provincial IU León

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