jueves, 13 de noviembre de 2014
Mañana estaremos con lxs trabadorxs de Correos y su lucha contra su desmantelamiento y privatización
IU muestra su total apoyo a la plantilla de correos, como servicio público en extinción por culpa de la Ley de Liberalización del servicio público de correos traspuesta de una Directiva Europea, con igual entusiasmo, por PP y PSOE. Mañana estaremos a las 9:30h en Correos apoyando a las víctimas, los usuarios y la plantilla, de este desmantelamiento y privatización de Correos. Ha anunciado hoy el Coordinador Local de IU, Manolo Domínguez Chico.
Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios. Los 211 ayuntamientos y las 1366 Juntas vecinales de la provincia están amenazadas de perder sus servicios postales, o recibirlos de forma mediocre, con estas medidas injustificables, que solo benefician a las empresas privadas que darán el servicio donde se tenga beneficios y dejará en manos de un correos bajo mínimos las rutas deficitarias. Sobre todo las rurales. Ha sentenciado el Coordinador Provincial, Santi Ordóñez
Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que sólo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos y que, de no ser así, desaparecería, al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector privado.
Se observa con preocupación el sistemático asedio del servicio postal público por parte de algunos grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría afectar a millones de ciudadanos, así como al correcto funcionamiento de la Administración.
Se ha tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998. Mayor preocupación que los contenidos de la propia demanda supone, si cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que afecta no ya a Correos, sino al propio papel del Estado (porque es al Estado a quien se ataca) como responsable de garantizar la prestación del servicio postal público.
El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI), está sufriendo el operador, está conllevando un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas). Y, sobre todo, puede afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores.
Por estos motivos nos sumamos a las reivindicaciones de la plantilla de CORREOS y sumimos sus reivindicaciones
1ª.- Definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones entre Ministerios.
2ª.- Garantizando los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales a todos los ciudadanos expresados y aprobados en sede del Parlamento español.
3ª.- Impulsando una regulación del mercado que no recorte el PLAN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL a los ciudadanos y que cierre espacios a los intereses mercantiles que las multinacionales y lobbies financieros que sólo buscan beneficio y rentabilidad a corto plazo a cuenta del derecho de los ciudadanos.
4ª.- Asegurando que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea.
5ª.- Desbloqueando las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la carta, hoy en clara caída por el efecto sustitución, hacia nuevos mercados, sobre todo paquetería.
6ª.- Desbloqueando las decisiones ministeriales que impiden para la consecución de un acuerdo laboral, hoy inexistente, del que dependerá el empleo y las condiciones de 55.000 trabajadores, pero también la paz social a punto de romperse y, en consecuencia, la estabilidad en la gestión del operador público Correos.
7ª Garantizando el 100% de participación publica en la Sociedad Anónima Estatal de Correos.
Ricardo Rodríguez Aller y José Antonio Cascallana. Secretarios de Comunicación Provincial y Local de IU León
Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios. Los 211 ayuntamientos y las 1366 Juntas vecinales de la provincia están amenazadas de perder sus servicios postales, o recibirlos de forma mediocre, con estas medidas injustificables, que solo benefician a las empresas privadas que darán el servicio donde se tenga beneficios y dejará en manos de un correos bajo mínimos las rutas deficitarias. Sobre todo las rurales. Ha sentenciado el Coordinador Provincial, Santi Ordóñez
Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que sólo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos y que, de no ser así, desaparecería, al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector privado.
Se observa con preocupación el sistemático asedio del servicio postal público por parte de algunos grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría afectar a millones de ciudadanos, así como al correcto funcionamiento de la Administración.
Se ha tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998. Mayor preocupación que los contenidos de la propia demanda supone, si cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que afecta no ya a Correos, sino al propio papel del Estado (porque es al Estado a quien se ataca) como responsable de garantizar la prestación del servicio postal público.
El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI), está sufriendo el operador, está conllevando un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas). Y, sobre todo, puede afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores.
Por estos motivos nos sumamos a las reivindicaciones de la plantilla de CORREOS y sumimos sus reivindicaciones
1ª.- Definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones entre Ministerios.
2ª.- Garantizando los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales a todos los ciudadanos expresados y aprobados en sede del Parlamento español.
3ª.- Impulsando una regulación del mercado que no recorte el PLAN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL a los ciudadanos y que cierre espacios a los intereses mercantiles que las multinacionales y lobbies financieros que sólo buscan beneficio y rentabilidad a corto plazo a cuenta del derecho de los ciudadanos.
4ª.- Asegurando que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea.
5ª.- Desbloqueando las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la carta, hoy en clara caída por el efecto sustitución, hacia nuevos mercados, sobre todo paquetería.
6ª.- Desbloqueando las decisiones ministeriales que impiden para la consecución de un acuerdo laboral, hoy inexistente, del que dependerá el empleo y las condiciones de 55.000 trabajadores, pero también la paz social a punto de romperse y, en consecuencia, la estabilidad en la gestión del operador público Correos.
7ª Garantizando el 100% de participación publica en la Sociedad Anónima Estatal de Correos.
Ricardo Rodríguez Aller y José Antonio Cascallana. Secretarios de Comunicación Provincial y Local de IU León
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