Izquierda Unida - León

La protección del entorno y la preocupación creciente para asegurar un desarrollo sostenible, donde el uso racional del agua es una parte de importancia indiscutible, se han transformado en objetivos primordiales de la acción de los poderes públicos a todos los niveles.

IU defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una mercancía. Por ello impulsa la gestión pública del abastecimiento y saneamiento, y las luchas sociales contra la privatización. Defendemos el acceso universal al agua bajo principios de eficacia social y ambiental y bajo control democrático. Los gobiernos deben abandonar las aventuras fallidas de mercantilización del agua y la privatización de sus servicios.

La Resolución 64/292 del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho al agua y al saneamiento como esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Los Gobiernos de todos los ámbitos deben proporcionar este suministro limpio, accesible y asequible para todos.

Para Izquierda Unida, el derecho al agua tiene dos facetas, al menos. Por un lado la libertad de acceso al recurso vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales; y por otro el que se deriva del derecho al suministro domiciliario de agua potable. Esta última, la que implica la prestación de un servicio que debiera ser responsabilidad exclusiva de los poderes públicos, obliga a éstos a garantizar determinadas prestaciones imprescindibles para satisfacer las necesidades vitales, tal y como recogen los artículos 18.1.g) y 26.1 de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que avalan sentencias de tribunales supremos regionales, como la sentencia núm. 817/1999 de 24 septiembre del TSJ de Castilla y León

Los ayuntamientos venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua que se levanta beneficiando solo a la empresa concesionaria que olvida sistemáticamente hacer la inversión donde se debiera, que es en mejorar las infraestructuras que garanticen el mejor servicio de agua posible para el municipio. De hecho se ha regalado el 49% del servicio de aguas, entregando la gestión completamente, con unos pliegos de condiciones declarados ilegales por sentencia judicial, que ha provocado la creación de una tasa por la reparación de obras que legitima la ilegalidad manifiesta de imponer el cobro de obras en la red de abastecimiento a las comunidades de propietarios que en ley son responsabilidad de la empresa conxcesionaria.

Unido a esto, la falta de un ente regulador que supervise la concesión permite entrar en procesos menos garantistas, menos transparentes, pero el principal problema es que los ayuntamientos están privatizando para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular. Especular de u a manera que provoca que las subidas en la tasa sea una constante dos veces al año.

Instituciones como el Banco Mundial ha hecho un llamado a “repensar” las políticas de privatización, al reconocer los problemas de regulación relacionados con los proveedores multinacionales de agua, y al ver los efectos de un modelo de prestación de servicios con fines de lucro prevalentes sobre trabajadores, familias de bajos ingresos y el medio ambiente.

El Tribunal de Cuentas español, en su Informe 1.010 de fiscalización del sector público local, asegura que la gestión pública directa de los servicios básicos como el agua, la recogida de basura y la limpieza viaria cuesta mucho menos al ciudadano que una vez privatizado. Los ciudadanos pasan a ser clientes y los servicios de acceso universal tan sólo accesibles para quienes puedan pagarlos. Las empresas pueden pasar a tener impunidad absoluta para cortar el suministro a quien no puede pagarlo. Por esto, Izquierda Unida quiere avanzar en una regulación específica que garantice que este servicio no será cortado o minimizado bajo ningún pretexto.

Además, con la privatización no se establece ninguna “entidad auditora” que evalúe si lo contenido en el contrato se cumple o no, y puede resultar fácil que determinados preceptos en materia de obras o mejoras no se realicen, lo que podría suponer un incumplimiento de contrato y causa de ruptura justa y gratuita. En el caso de León los pliegos de condiciones son ilegales por sentencia del TSJCYL.

Izquierda Unida está convencida que deben ser los poderes públicos quienes gestionen los derechos de los ciudadanos, y el agua es uno de los derechos esenciales. El objetivo de la remunicipalización estará en la perspectiva de futuro más inmediato en los municipios. Entendemos que la gestión de los derechos de los ciudadanos debe estar en manos públicas, que es la manera de garantizar que ese derecho se administra con justicia social, de forma igualitaria y que asegure nuestros derechos y obligaciones.

Por todo lo expuesto, traemos al pleno del ayuntamiento de León la siguiente moción para llegar a los siguientes ACUERDOS:

　

　

　

En León a 3 de Noviembre del 2014