lunes, 4 de noviembre de 2013

Tasa a las Juntas Vecinales, en la Diputación de León, por un servicio público que debe ser gratis y para poder auditarlas y eliminarlas

IU presentará alegaciones a la ordenanza que pretende imponer una tasa a las juntas vecinales por la elaboración de la contabilidad y la gestión presupuestaria de los concejos.

Aparte del agravio con los ayuntamientos que supone, es verdaderamente chocante que una medida recaudatoria y arbitraria, que ni la Junta apoya dado que ha retirado el decreto que imponía el cobro que aquí nos ocupa, pretenda justificarse en su voluntariedad cuando la Junta ha recordado y es un hecho conocido que el SAM es un servicio que ofrecen las Diputaciones a los consistorios y entidades locales menores. Salvo que la Diputación pretenda privatizar el servicio es de una ignorancia superlativa pretender escudarse en la “voluntariedad” cuando un servicio de este tipo es obligatorio y puede considerarse un derecho adquirido por las entidades locales. La voluntariedad tan solo podría verse desde la perspectiva de que la Junta se hiciese cargo directamente de la gestión del SAM. Cuestión que el PP no ha previsto en ningún momento.

IU denuncia a demás el “buitrerismo” de la Diputación a la hora de imponer una tasa que al Junta ha descartado. Aprovechan para crear tasas artificiales con la excusa de un decreto ya fallecido de la Junta y argumentan que Palencia y Burgos cobrarán más.

La Diputación debe exigir medios a la Junta y el Estado Central para potenciar el SAM no devaluar un servicio gratuito que presta implantando un impuesto revolucionario propio de cualquier extorsionador.

Estamos ante un servicio fundamental para la supervivencia de las juntas vecinales y las competencias y servicios municipales. La Diputación no impone una tasa para mejorar el servicio, se coordina con el PP y la Ley de Reforma de Administración Local para comenzar el proceso de vaciado de los municipios, a fin de reforzar la función del SAM como elemento intervencionista para acabar con sus competencias y servicios locales y, sobre todo, como elemento clave en el proceso de supresión de las entidades locales menores.

En este contexto debe analizarse la nueva ordenanza provincial, que IU combatirá con todas sus fuerzas, porque está diseñada para que los concejos no puedan presentar sus cuentas en tiempo y forma y sean suprimidas. No es casualidad que se intente cobrar un fijo de 150 euros y un 0´5% del presupuesto a gestionar. Estamos ante un estudio de mercado para reconocer que juntas vecinales liquidar primero una vez entre en vigor la Ley Antiayuntamientos. Una auditoría inicial para ir contando cuantas y cuales serán suprimidas en el primer corte, unas por no poder presentar las cuentas y otras por sufrir un déficit presupuestario que permita a la Diputación informa desfavorablemente sobre las cuentas al ministerio de Hacienda para iniciar el proceso de liquidación de cada una de ellas.


Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León

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