lunes, 4 de noviembre de 2013
Tasa a las Juntas Vecinales, en la Diputación de León, por un servicio público que debe ser gratis y para poder auditarlas y eliminarlas
IU presentará
alegaciones a la ordenanza que pretende imponer una tasa a las juntas vecinales
por la elaboración de la contabilidad y la gestión presupuestaria de los
concejos.
Aparte del agravio
con los ayuntamientos que supone, es verdaderamente chocante que una medida
recaudatoria y arbitraria, que ni la
Junta apoya dado que ha retirado el decreto que imponía el
cobro que aquí nos ocupa, pretenda justificarse en su voluntariedad cuando la Junta ha recordado y es un
hecho conocido que el SAM es un servicio que ofrecen las Diputaciones a los
consistorios y entidades locales menores. Salvo que la Diputación pretenda
privatizar el servicio es de una ignorancia superlativa pretender escudarse en
la “voluntariedad” cuando un servicio de este tipo es obligatorio y puede
considerarse un derecho adquirido por las entidades locales. La voluntariedad
tan solo podría verse desde la perspectiva de que la Junta se hiciese cargo
directamente de la gestión del SAM. Cuestión que el PP no ha previsto en ningún
momento.
IU denuncia a demás
el “buitrerismo” de la
Diputación a la hora de imponer una tasa que al Junta ha
descartado. Aprovechan para crear tasas artificiales con la excusa de un
decreto ya fallecido de la Junta
y argumentan que Palencia y Burgos cobrarán más.
Estamos ante un
servicio fundamental para la supervivencia de las juntas vecinales y las
competencias y servicios municipales. La Diputación no impone una tasa para mejorar el
servicio, se coordina con el PP y la
Ley de Reforma de Administración Local para comenzar el
proceso de vaciado de los municipios, a fin de reforzar la función del SAM como
elemento intervencionista para acabar con sus competencias y servicios locales
y, sobre todo, como elemento clave en el proceso de supresión de las entidades
locales menores.
En este contexto debe
analizarse la nueva ordenanza provincial, que IU combatirá con todas sus
fuerzas, porque está diseñada para que los concejos no puedan presentar sus
cuentas en tiempo y forma y sean suprimidas. No es casualidad que se intente
cobrar un fijo de 150 euros y un 0´5% del presupuesto a gestionar. Estamos ante
un estudio de mercado para reconocer que juntas vecinales liquidar primero una
vez entre en vigor la
Ley Antiayuntamientos. Una auditoría inicial para ir contando
cuantas y cuales serán suprimidas en el primer corte, unas por no poder
presentar las cuentas y otras por sufrir un déficit presupuestario que permita
a la Diputación
informa desfavorablemente sobre las cuentas al ministerio de Hacienda para
iniciar el proceso de liquidación de cada una de ellas.
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León
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