viernes, 6 de mayo de 2011

La viabilidad económica de la intergración del ferrocarril

IU denuncia que la viabilidad económica de la última fase de la integración del ferrocarril está en cuestión. Se necesitan 400 millones avalados por Fomento para asegurar una obra en cuestión tras el traslado de las cargas de trabajo de los talleres de remolcado a Miranda de Ebro. Torneros no servirá de nada si se desmantelan los talleres. Esto no cuestiona los logros actuales.

Además, la documentación manejada por León Alta Velocidad se fundamenta en datos sobre el valor del suelo de 2008 y no se ha concretado la inversión real de fomento en el proyecto.

También se ha reducido el espacio comercial de la Estación definitiva del ferrocarril sin ampliar la inversión necesaria para asegurar su construcción. El espacio ha pasado de 25.000 a 5000 metros cuadrados sin modificar para nada su modelo de financiación, fundamentada en la venta de estos aprovechamientos terciarios.

Las cifras ofrecidas en el estudio Económico valoran el suelo según estaba el mercado inmobiliario en diciembre de 2008, en plena crisis inmobiliaria y muy lejos de su peor momento. Además Fomento no concreta cual será la inversión pública final por carecer de proyecto definitivo después de 3 años tras los anuncios de Zapatero ampliando el soterramiento. A esto se une la situación de los talleres tras el traslado de parte de sus cargas de trabajo y el cuestionamiento del complejo de Torneros.

El Estudio Informativo del proyecto, lo único existente ahora mismo, no asegura la financiación de la integración; se fundamenta en premisas de ingresos de finales de 2008, momento en que la crisis inmobiliaria no había tocado fondo, y oculta la financiación pública del Grupo fomento amparándose en la necesidad de terminar los estudios informativos aún en redacción, de la ampliación de la integración anunciada en 2007.

Las obligaciones de Fomento y la Junta de Castilla y León aparte de la operación inmobiliaria se mantienen intactos desde la firma del convenio inicial entre las administraciones afectadas en 2002, 18 y 13’5 millones de euros respectivamente. Eso a pesar de las obligaciones añadidas con la incorporación al proyecto del Complejo de Torneros. La integración pasó de una estimación inicial de coste de 142’78 millones a 213’68 en 2005. La ampliación del soterramiento en San Andrés del Rabanedo y de la depresión del haz para prolongar Ordoño II representan además un coste a mayores que no se ha cuantificado por carecer todavía de proyectos constructivos. A esto debemos añadir que las cifras de ingresos ligadas a la venta del suelo, proporcionadas por la Sociedad León Alta Velocidad, están actualizadas en fecha de enero de 2009, según el cierre del ejercicio de 2008 por los gestores del suelo. Las cifras ofrecidas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria se antojan claramente infladas y por tanto la línea de crédito sugerida por el estudio Informativo, 300 millones, puede demostrarse insuficiente. El resumen de gastos e ingresos, sumando licencia y otros a la venta de suelo (461’12 millones) asciende a 545’50 millones frente a 516’50 millones de gastos. Los 29’13 millones de margen de beneficios se pueden afirmar como una cifra insignificante y falsa si actualizamos los datos a 2010. La inversión pública por parte del Grupo Fomento y la Junta de Castilla y León es la única que puede asegurar el proyecto, ampliándolo a todo el término municipal.

IU exige una financiación real de la integración por parte del Grupo Fomento y la junta de Castilla y León. Los compromisos contraídos en 2002 mas las promesas no concretadas desde entonces y las cifras poco creíbles de los rendimientos del suelo pueden cuestionar seriamente la viabilidad del proyecto. IU mantiene su exigencia, defendida en el pasado por el propio PSOE, de contar con financiación pública suficiente para ejecutar las obras. La propuesta del PSOE en 2001 y 2002 era un reparto sobre porcentajes globales de financiación: un 40% de las obras corresponderían a Fomento, un 40% a la Junta y un 20% a la operación urbanística. IU ampliaba la exigencia a un 45% para los gobiernos central y autonómico y solo un 10% a costa del suelo público, el resto de aprovechamientos derivarían directamente a inversiones en la ciudad de León gestionadas por el Ayuntamiento. Mantenemos esta exigencia habida cuenta del análisis de las cifras ofrecidas en el presente Estudio Informativo.

IU no entiende como es posible que se exponga un proyecto de 2007 sin concretar los estudios Informativos necesarios para concretar sus plazos de ejecución y además negando la financiación definitiva para su aseguramiento. Sobre todo cuando las previsiones de ingresos por la especulación inmobiliaria se fundamenta en datos completamente inútiles en plena crisis del ladrillo. Nos preguntamos a qué se han dedicado en Fomento y la Sociedad León Alta velocidad desde los anuncios de ampliación del proyecto porque no hemos avanzado nada desde entonces y este estudio informativo no sirve absolutamente para nada, únicamente para conocer otra vez el diseño urbano que sigue su trámite independiente, ya debe estar incorporado en el PGOU y por tanto es público.

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