jueves, 20 de septiembre de 2012
Moción IU Las Omañas en defensa de las juntas vecinales y los ayuntamient
1:58 | 
Publicado por
IULEON |
El Concejal y Portavoz de IU en el
Ayuntamiento de Las Omañas, José Luis Fernández Campano, ha registrado esta
mañana una moción en defensa de las
juntas vecinales y contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración pública.
IU pide al PP de Las Omañas que defienda las
Juntas Vecinales del municipio pidiendo la retirada de un anteproyecto de Ley
cuya Disposición Transitoria Cuarta elimina las entidades locales menores y
traspasa sus bienes y obligaciones a los Ayuntamientos. Además la Junta de
Castilla y León podría quedarse con la propiedad definitiva de los montes de
utilidad pública de la provincia y los ingresos que generan para las pedanías.
Estamos ante un robo en toda regla que merece
una respuesta contundente por parte del Ayuntamiento de Las Omañas, que
quedaría vacío de contenido y sin Juntas Vecinales si se aprobase esta Ley.
José Luis Fernández Campano. Portavoz de IU en Las Omañas
D. José Luis Fernández Campano, en su calidad de
Concejal y Portavoz de I.U. en el Ayuntamiento de Las Omañas, por la presente
somete al Pleno de la
Corporación para su toma en consideración, si procede, la
siguiente: MOCION
EXPOSICION
DE MOTIVOS
El PP ha presentado un anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que pretende
modificar parte del articulado de la
Ley de Bases de Régimen Local, que afectan a las siguientes
materias:
- Delimitación competencial de los municipios
- Gestión de competencias municipales por las
diputaciones provinciales
- La comarca
- Convenios y consorcios.
- Competencias y capacidad de gasto de los
ayuntamientos.
Finalmente
y con especial incidencia en la
Provincia de León se eliminan las entidades locales menores
de la nueva ley de Bases de Régimen Local. Concretamente mediante la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Con esta regulación se traspasa a los municipios todas las competencias,
incluidas las reconocidas sobre su patrimonio, y de este modo la desaparición
de las Juntas Vecinales de la provincia de León. Cerca de 1300 y el 34% de las
entidades locales menores reconocidas en todo el Estado Español.
A la vista de los antecedentes antes expresados
y el contenido del anteproyecto, la
primera valoración no puede ser más que profundamente negativa y preocupante.
La reforma prevista bajo la excusa de adecuar la Ley de Bases de Régimen Local
a la Ley de
Estabilidad Presupuestaria lo que hace es atacar los principios
constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera. Se utiliza la
reforma para dar una vuelta de tuerca al
municipalismo español limitando su capacidad política y de gestión, limitando
el contenido constitucional del principio de autonomía local y eliminando la
definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado.
En definitiva establece una jerarquía entre
administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que
rompe con la definición de la estructura territorial del Estado. Con especial incidencia en la
provincia de León al coincidir con el desmantelamiento de la administración más
ligada a la tradición democrática de León y que mejor vertebra las áreas rurales
de la provincia.
En consecuencia avanza en la dirección contraria
a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de IU: más autonomía,
claridad competencial y más financiación.
Da una preeminencia jurídica y política a las
comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene sujeción legal y
relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la
gestión.
Esta reforma, lejos de ser una mera adecuación
legislativa a la normativa estatal lo que hace es modificar el modelo
constitucional de la estructura territorial del Estado relegando a los
ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin
contenido político y sin capacidad de gestión mas allá de lo que decidan las
otras administraciones.
A nuestro juicio este proyecto vulnera lo
establecido en el Art 142 de la
Constitución española y en caso de ser aprobada habría que
cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.
En segundo lugar, el anteproyecto presentado realiza una
radical modificación sobre el marco
competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los
ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la
ciudad. Desapareciendo otras de gran arraigo en León que sufren estas mismas
consecuencias al ser absorbidas por estos mismos municipios.
En tal sentido hay que señalar que desaparece
expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y
de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, se eliminan las
relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda entre otras.
Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley
de Bases de Régimen Local que contiene una cláusula competencial residual que
ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras
materias además de las estrictamente definidas.
Se incorpora el principio de una administración
una competencia pero no después de un análisis de quién y cómo debería
ejercerlas sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos
puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los
ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias
como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud,
educación infantil etc, y se obvia
conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única
alternativa prevista en la Ley
es su desaparición ya que se prohíbe la realización de otras competencias distintas
a las señaladas legalmente.
También y bajo la excusa del control de la
estabilidad presupuestaria el Estado se reserva facultades de intervención
inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de
gestión y el programa político de los ayuntamientos.
Por tanto en vez de avanzar en la línea de
construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de
gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los
ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras
administraciones, las juntas vecinales en cadáveres y abriendo la puerta, aún
más, si cabe, al clientelismo partidista
y al trato arbitrario de las Diputaciones.
En tercer lugar y en contra de la posición política
que ha venido manteniendo siempre IU se refuerza el papel de las diputaciones
provinciales, estructuras obsoletas, cuestionadas políticamente en muchos casos
e inútiles. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o consorcios
constituidos voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio de su
autonomía local. El que las diputaciones puedan realizar los servicios mínimos
de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión autonómica significa darles un papel político incomprensible
ajeno a la estructura territorial del Estado y que solo se puede entender por
razones ocultas no explicitadas.
Nosotros seguimos defendiendo la desaparición de
las diputaciones provinciales, ya que en este momento sus funciones se
suplantan, se confunden y en muchos casos se duplican. No puede ser creíble el
discurso del PP contra las supuestas duplicidades administrativas y que se opte
por reforzar las diputaciones provinciales salvo que el objetivo final no sea
otro que debilitar los municipios, cuya autonomía molesta.
En cuarto lugar no se realiza ninguna mención a
la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se
menciona la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad
Presupuestaria por encima de todo, no se menciona ni una sola vez a los
ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local.
Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto
establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo
tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios: o se
cierran o se privatizan o se intervienen. Filosofía de gestión del PP elevada a
rango de ley.
En definitiva desde IU analizamos con
extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el principio de autonomía local
previsto en el Art 142 de la Constitución que
permitiría, en el caso de que el mismo se apruebe, interponer el
correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Asimismo discrepamos profundamente
del marco competencial previsto y nos oponemos radicalmente al modelo del PP
de regular ayuntamientos controlados
políticamente, sin capacidad de gestión, y elimina las administraciones más
cernazas al ciudadano como las entidades locales menores. Cuyas competencias
deben reforzarse, su capacidad democrática potenciarse y su proceso de toma de
decisiones alimentarse; poniendo como ejemplo la experiencia de los Concejos
Abiertos de la tradición leonesa de las juntas Vecinales.
Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto
porque es malo para los intereses de los
ciudadanos de nuestro país que a diario utilizan miles de servicios municipales
de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda, deportivos,
culturales, en materia de igualdad, de
promoción de la infancia o la juventud, de carácter social , de atención a los
dependientes, etc… servicios que con este anteproyecto están abocados a
desaparecer, desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos.
Esta contrarreforma supone un paso más en el
objetivo del PP de debilitar el Estado,
de reducir el espacio de lo publico.
En esta época de crisis provocada por otros que
no han sido los ayuntamientos españoles esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y
menor cohesión social, a cambio, eso sí,
de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por cierto los
ayuntamiento han cumplido siempre porque legalmente siempre se les ha exigido.
MOCION
“El
Ayuntamiento de Las Omañas insta al Gobierno de España a la retirada inmediata
del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sosotenibilidad de la Administración
Localla
Ley 7/1985 Reguladora de la Ley de Bases de régimen Local en relación con las
competencias de las entidades Locales. Instará del mismo modo al cumplimiento
del Artículo 142 de la Constitución
Españolala Autonomía Municipal.
“El
Ayuntamiento de Las Omañas insta al Gobierno de España a respetar la tradición
democrática de los territorios que todavía disfrutan de una ordenación
territorial fundamentada en la existencia de Entidades Locales Menores; como es
el caso de las Juntas Vecinales de la Provincia de León. Conservando las mismas en la Ley de Bases de Régimen Local
y respetando sus competencias.
“El
Ayuntamiento de Las Omañas insta al Gobierno de España a modificar el régimen
de ordenación del territorio; iniciando un proceso de eliminación de las
Diputaciones Provinciales a favor de las Comarcas.
“El
Ayuntamiento de Las Omañas insta al Gobierno de España a iniciar un Proceso de
Negociación de un Pacto Local con la
FEMP que permita la financiación correcta de los Municipios,
la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y la desaparición
definitiva de las competencias impropias que deben asumir por la actuación
irresponsable de las Comunidades Autónomas y el propio Gobierno Central. Se
negociará igualmente la adaptación de la
Ley de Régimen Local y Haciendas Locales a esta nueva
realidad.
En León, a 20 de septiembre de 2012.
Fdo: José Luis Fernández
Campano
Concejal y Portavoz de IU en
el Ayuntamiento de Las Omañas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario