Izquierda Unida - León

IU León se une al procurador del Común y lanza una serie de recomendaciones a la Junta y el Sacyl para recuperar las Urgencias Sanitaria en las Zonas Rurales. Fuera de populismos partidistas IU pretende dar razones objetivas en defensa de la cobertura sanitaria y recuerda que las urgencias que fueron suprimidas se crearon por razones de interés público, a menos que las medidas de eliminación tuviesen una raíz voluntarista, arbitraria o clientelar desde un comienzo que provocase su apertura por razones totalmente distintas a la defensa de la salud de los ciudadanos y ciudadanas.

En líneas generales, en IU podemos y debemos estar de acuerdo con el análisis que realiza el Procurador del Común de CyL, tanto en las consideraciones como en las recomendaciones que expresa, pero, a mayores, deberíamos aportar algunas otras consideraciones, a saber:

1º.- Que si bien es cierto que los recursos públicos no son ilimitados y que la cobertura sanitaria a la población no es ninguna excepción, por lo que sería impensable e inasumible, por ejemplo, el instalar un dispositivo de urgencias sanitarias en todas las entidades de población de la Comunidad por muy deseable que esto fuese, la realidad es que la gestión de lo público debe sustentarse en el equilibrio entre el derecho tutelado a la asistencia sanitaria universal, gratuita y en equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas, y las posibilidades que los poderes públicos encuentran en poder financiar ese tipo de prestación. Dicho esto, parece evidente que en la dinámica de encontrar ése equilibrio, cuando de la salud de la población se trata, el ejercicio de éste derecho no parece que deba verse vulnerado por una política de recortes en la financiación asistencial sanitaria, cuando resulta evidente que existen otras posibilidades de reajustes presupuestarios según unos mínimos criterios de priorización en la reasignación de recursos.

2º.- Que si las urgencias sanitarias de esos consultorios locales se instauraron en un momento determinado en base a unos criterios técnicos definidos, no parece que ésa situación haya cambiado sustancialmente, y si lo ha hecho es precisamente para reforzar esos dispositivos, y si los actuales indicadores de demanda no aconsejan que se mantengan esos servicios de urgencias, exigimos el conocer qué indicadores se barajaron en su día para justificar la creación de los mencionados dispositivos asistenciales, salvo que, en caso contrario,  tengamos que reconocer que esa prestación fue sólo una concesión clientelar y partidista por razones electorales a unos candidatos de unas alcaldías concretas.

3º.- Que si, como parece, la dificultad de financiación de la sanidad de CyL es importante, no se puede ignorar que existen otras partidas de gasto que podrían ser reconsideradas, en lugar de las medidas de supresión de esas urgencias que en su día se consideraron necesarias...como por ejemplo...la frívola y científicamente injustificada puesta en práctica de medidas muy costosas y de eficacia dudosa pero que sólo benefician a determinados sectores de la industria, como es el caso de la campaña de vacunación contra el papilomavirus;  ó la necesaria  disminución en las plantillas del personal administrativo y técnico de las Gerencias, escandalosamente hipertrofiadas con la presencia de un personal asignado por procedimientos y criterios nada transparentes y sí partidistas; ó el injustificado manejo de un catálogo de medicamentos excesivo, donde el mismo principio activo se comercializa por diversos laboratorios diferentes que compiten en precio de manera posiblemente indebida sino ilícita; ó la utilización desproporcionada de determinadas actuaciones protocolizadas en los servicios de emergencias 112, dispositivos compuestos por unos profesionales de muy alto nivel de cualificación y de incansable entrega, pero que se ven sometidos a criterios de asistencia que en ocasiones llegan a ser grotescos por injustificados, etc...Y otros muchos “conceptos de gasto” que se escapan a lo que en este documento podemos reflejar.

4º.- Que no es argumento de suficiente peso jurídico para lesionar un derecho, como es el de la protección de la salud de la población en condiciones de equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas por igual, el que expresa SACyL para suprimir esas urgencias, y que se basa en que, en la actualidad, la demanda registrada no justifica el mantenimiento de esos dispositivos de urgencia, dado que, como es fácil recordar, e incluso en el supuesto de que esto sea así, son innumerables los servicios de otra naturaleza los que las administraciones públicas establecen y financian para situaciones eventuales o de posible aparición, desencadenamiento o comisión, y por poner un ejemplo, y sin ir más lejos, a nadie se le ocurriría prescindir del presupuesto de Protección Civil tan sólo porque tuviéramos una catástrofe “solo” cada dos o tres años...

Todas estas razones son más que suficientes para dar marcha atrás, reconsiderar decisiones políticas altamente cuestionables y poner un poco de cordura en el bipartidismo que ha pretendido jugar a la política con el peligro que supone robar las urgencias médicas a las localidades afectadas.

Manuel Domínguez Chico. Portavoz del Consejo Político Provincial