Izquierda Unida - León

El Portavoz del Consejo Político Provincial de IU, Manuel Domínguez Chico, inició las intervenciones denunciando que la propuesta del Gobierno 2014-2018 para el carbón es el vivo reflejo de una Plan de eliminación sumaria del carbón nacional. Exigimos que el próximo martes se escuche a los sindicatos y su contenido cambie en el texto, la letra y las intenciones. IU se pondrá en todo caso al servicio de las comarcas mineras en defensa del carbón, como lo hemos estado siempre.

Este documento es la declaración de guerra definitiva a las comarcas mineras. Destila en su contenido cierres, despidos y recortes pero ningún futuro para las cuencas. De los 2509 millones presupuestados 1727 se destinan a los trabajadores ya prejubilaciones, 72 millones para echar a la calle a los mineros y 193 millones para cierre de unidades de producción. Infraestructuras y ayudas para proyectos empresariales suman apenas 400 millones y nada se presupuesta para formación o inversiones reales en las comarcas mineras.

Poco menos que se chantajea a las térmicas para que no se adapten para seguir utilizando el carbón nacional tras 2016 y se fija en 2014 el final del la obligación de quemar carbón autóctono. Además el PP se suma con entusiasmo a la obligación de cierre del carbón deficitario en 2018. Ahora no puede criticar al PSOE por permitir esta barbaridad, ambos partidos son cómplices del cierre de las minas. Se llega a hablar de “cierre irrevocable en 2018”.

Casi dos tercios de la propuesta habla de cierres, recortes o justificación de los mismos y las alternativas no son más que brindis al sol sin iniciativa pública en los mismos. Si alguien quiere invertir recibirá ayudas pero el gobierno nada hará para industrializar salvo poner sobre la mesa ayudas. Eso y nada es lo mismo.

Estamos ante un auténtico insulto: el grueso de las ayudas públicas están ligadas al despido de trabajadores, procesos de cierre y encima se deja claro que el contenido del borrador no genera derechos ni obligaciones.

Esto no es un Plan del Carbón es absoluta basura. Un Plan de Cierre del carbón en toda regla que justifica las denuncias de IU desde hace más de un año. Ahora se invita sin reparos a las térmicas a dejar de quemar carbón nacional. Eso merece la expulsión del PP del Gobierno como primer paso. Estamos ante unas afirmaciones tan graves que cuesta trabajo poner les una pena (es lo que merecen, acompañar a Bárcenas solo por este borrador).

El próximo martes habrá otra reunión. Mucho deben cambiar las cosas. Esperar hasta casi agosto de 2013, tras los recortes sumarios de 2012, para recibir esta propuesta es un insulto. El PP, sea Gobierno Central, Junta, Diputación o Ayuntamientos ha llegado a niveles de miseria tan grandes que ni el PSOE sería capaz de caer tan bajo. Exigimos al PP que negocie con los sindicatos y cambie la letra, el fondo y hasta la gramática de este insulto a la inteligencia. No se puede tener tan poca vergüenza como para defender la pervivencia del carbón tras 2018 y luego diseñar una propuesta que acaba de un plumazo con la única energía autóctona del país y del que dependen comarcas enteras.

El Gobierno debe irse a su casa, el ministro dimitir y por el camino desandar todo el camino recorrido por Rajoy y Soria, hasta poner un poco de cordura en esta estulticia. IU sigue exigiendo lo mismo; una auditoría que implique responsabilidades caiga quien caiga, nacionalización de las concesiones y un Plan del Carbón de verdad que asegure la supervivencia del sector, como estratégico, tras 2018.

El Coordinador Provincial, Santiago Ordóñez, pasó a explicar seguidamente el posicionamiento de IU respecto a los aspectos más reaccionarios de la Ley Anti Ayuntamientos aprobada en Consejo de Ministros ayer mismo. Las novedades más dañinas pueden ordenarse del siguiente modo.

Estamos ante un Golpe de Estado contra la democracia y la desaparición de facto de cualquier autonomía de los municipios para actuar con una mínima autonomía. Además se mantiene la amenaza de disolución de las Juntas Vecinales a pesar del reciente informe del Consejo de Estado.

Si esta Ley se aprobase las Diputaciones tendrían capacidad plena para decidir y gestionar o decidir como se gestionarán los servicios de recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, accesos a los núcleos de población y pavimentación de las vías. Lo que significa que los municipios menores de 20.000 habitantes y las juntas vecinales perderán toda capacidad para decidir en estos aspectos.

Las Diputaciones no solo se verán reforzadas en su capacidad para gestionar servicios, también en recaudación de tasas e impuestos y en materia de toma de medidas contra los ayuntamientos y juntas vecinales a los que se obligue por tener déficit presupuestario a aprobar un Plan económico Financiero.

Estamos ante la intervención definitiva de los ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, que junto y en coordinación con las Diputaciones, podrá impugnar cualquier acuerdo municipal o de junta vecinal que incumpla la ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cualquier ayuntamiento o junta vecinal que sufran la imposición de un Plan de Ajuste o Económico Financiero podrá sufrir la imposición  de supresiones de servicios deficitarios, cambios de gestión que el ministerio considere, subidas de tasas o despidos de trabajadores (racionalización organizativa). También y esto es muy grave, podrá suprimirse una junta vecinal por esta causa.

Si esta Ley se aprueba, cada 1 de noviembre los municipios y juntas vecinales deberán presentar un informe con el “calculo de coste efectivo de los servicios que presta”. Los criterios para realizar el cálculo se aprobará por medio de una Orden Ministerial. En el caso de déficit se aplicarán los aspectos anteriores o se impondrá la privatización del servicio para los consistorios. Las pedanías serán disueltas. La Ley priorizará la gestión privada y tan solo admitirá la gestión pública si no existe déficit, según criterios arbitrario del Ministerio de Montoro. La iniciativa privada tendrá prioridad sobre la gestión pública en todos los casos.

Finalmente, denunciar la pérdida de personalidad jurídica de las entidades locales menores, que tan solo las existentes y las que iniciaron su proceso de constitución antes del 1-1-2013 mantendrán su capacidad  legal, que les roban sus servicios de abastecimiento de aguas a favor de las Diputaciones, que de no presentar sus cuentas en el plazo de 3 meses tras la entrada en vigor de la Ley serán disueltas por la Junta, que su liquidación significaría que sus derechos, obligaciones y propiedades pasarían a los municipios y sus Montes de Utilidad Pública a la Junta y por último que cualquier tipo de déficit en el ejercicio de sus competencias supondrá también su disolución.

Estamos ante el robo del 55% de la provincia de León y la Junta ya debería estar amenazando con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad solo por la injerencia intolerable del Gobierno en las pedanías.

Finalmente IU León ha explicado someramente el núcleo duro de las 118 enmiendas parciales a la Ley de Ordenación del Territorio pactada por PP y PSOE. Un pacto que como la Ley Antiayuntamientos refuerza las Diputaciones y cuartea artificialmente la provincia para utilizar dos herramientas: las unidades básicas de servicios y las mancomunidades/consorcios de interés general como fórmula para robar competencias a los ayuntamientos y reforzar la dictadura de las Diputaciones. Únicas administraciones cuyos diputados no son elegidos directamente por la ciudadanía y que practican de modo legal lo que en cualquier otro lugar se llama chantaje y soborno a los municipios y las juntas vecinales. Las unidades básicas serían el estudio de mercado para privatizar los servicios públicos que dan beneficios y gestionar los que dan pérdidas con las mancomunidades y consorcios. Esto es lo que defiende el pacto PP-PSOE.

IU en sus enmiendas, el 90% elaboradas en León, defiende las Juntas Vecinales con sus competencias intactas y las seguimos considerando como entidades locales menores.

IU apuesta por vaciar la Diputación para reforzar las Comarcas, en las zonas rurales, y las Áreas Metropolitanas, en las zonas urbanas. Todas con competencias propias y respetando la autonomía de los municipios que se integrarían ellas.

Incluimos la posibilidad de constituir mancomunidades de comarcas para mejorar la prestación de servicios y el mapa de comarcas se elaborará contando cono los ayuntamientos y no con la Diputación, como defiende el PP y el PSOE.

Para IU la prioridad es dotar las zonas rurales de servicio y no la estabilidad financiera y la participación ciudadana. Por eso hemos incluido entre nuestras enmiendas la necesidad de trasladar el Proceso de los Presupuestos Participativos a la Ordenación del Territorio de CyL. Donde la gente decide de forma vinculante donde se gasta el dinero público.

Finalmente apostamos por el reforzamiento y el mantenimiento de la integridad de la Comarca de El Bierzo, con competencias propias emanadas de la diputación y sin unidades básicas de servicios. El Bierzo puede ser el ejemplo a seguir si se inicia un proceso de traspaso de competencias y se aprueba una reforma Electoral que permita a sus consejeros ser elegidos de forma directa por la ciudadanía y no como hasta ahora.

IU defiende en su propuesta el modelo de ordenación territorial tradicional del antiguo reino de León y con él el modelo democrático de los concejos que ahora amenaza el Gobierno con la complacencia de la Junta. Esperamos que PP y PSOE rectifiquen, dejen de pensar en el clientelismo y los intereses que mueven desde las Diputaciones y piensen por una vez en la gente, los servicios que deben disfrutar y en la construcción de un modelo democrático de ordenación territorial que perita a los vecinos y vecinas ser protagonistas de la política, poniendo por fin a los partidos a su servicios.

El bipartidismo quiere conservar sus privilegios alejando la política de la gente. IU camina por la senda contraria y se movilizará  junto a las víctimas del cierre del carbón y el intento de acabar con las juntas vecinales en defensa de nuestro futuro y el modelo democrático que todavía disfrutamos. Contra el Golpe de Estado de los mercados. Gobierno dimisión. Hay Alternativas y lo estamos demostrando.