lunes, 22 de julio de 2013

No reconocer los intereses ilegítimos de los créditos del Plan Montoro para pagar a proveedores

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEON

Don Manuel Domínguez Chico, Coordinador Local de IU León, viene a formular para su aprobación la siguiente: MOCIÓN PARA DECLARAR LA ILEGITIMIDAD DE UNA PARTE DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

          
El 30 de Agosto de 2011, en una fecha, como mínimo extraña para realizar una reforma constitucional de gran calado, tanto  PSOE como PP, consagraron en el artículo 135 CE la estabilidad presupuestaria como el nuevo totem que supedita cualquier política pública a estrictos parámetros económicos, que alejan nuestra carta magna del objetivo consagrado en su artículo 1: que España es “un estado social y democrático de derecho…” definición que ahora queda relegada, por lo que a su significado social se refiere, en la imposición de un modelo de funcionamiento institucional, en donde se consagra con contundencia la obligatoriedad y prioridad para la administración, el pago de la deuda por encima de garantizar el bienestar de la ciudadanía.

La deuda pública representa hoy uno de los principales problemas de la administración, especialmente la local. Ésta ha condicionado sustancialmente la calidad de vida en nuestras ciudades, fundamentalmente a través de las limitaciones e importantes devaluaciones en la prestación de los servicios públicos, que ya no pueden aportar el necesario reequilibrio social y económico en los territorios, así como, el imperativo cumplimiento de una legislación que obliga a las administraciones a  convertirse en meras entidades deudoras de los poderes financieros.

Después de más de treinta años de democracia, las instituciones públicas son despojadas de su autonomía, de su capacidad de generar estructuras de bienestar que permitan minimizar las desigualdades sociales y son constreñidas a convertirse en meros apéndices de la sacrosanta banca, que ha pasado, a ocupar de facto, las Alcaldías de nuestros municipios.

El “austericidio constitucionalizado” al que asistimos, hace que los programas municipales que podrían minimizar los efectos de la crisis, sean orillados en pos del interés crediticio que han sido obligadas a contraer las administraciones a raíz del Plan de Pago de Proveedores, y que permite que asistamos impotentes, a la desnutrición infantil, más propia de países en desarrollo o de tiempos preconstitucionales, así como la eliminación de distintos programas de ayudas, becas de comedor y servicios en general que garantizan el bienestar de la ciudadanía. Todo ello, en aras de la priorización del pago del déficit y el yugo que supone la amortización crediticia, que expulsa a los poderes públicos de tener un papel vertebrador frente a la crisis.
El mecanismo de sometimiento al interés crediticio impuesto a las entidades locales por el Ministerio de Hacienda, se inició con el RD Ley 4/2012, de 24 de Febrero, cuyo requisito esencial pendía de la elaboración obligatoria de un plan de ajuste que garantizara el cumplimiento de las obligaciones de las entidades acogidas, supeditado a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La imposición de dicho plan de ajuste ha obligado a la eliminación de servicios básicos, despido de trabajadores, disminución de ayudas, aniquilamiento de la empresa pública, etc., propiciando una parálisis de la economía regional y de los servicios públicos.

Abordar el pago a proveedores era necesario, pero se aborda de la peor forma posible para los intereses de los Ayuntamientos y de la ciudadanía, que son denostados en beneficio del sector bancario: mientras el gobierno central inyecta liquidez a la banca, a un interés inferior al 1%, dichas entidades, traducen los créditos a las administraciones públicas a través de la aplicación abusiva de intereses superiores al 5%. Por tanto, el Estado está prestando a un tipo inferior, cargando los intereses de su endeudamiento, como gastos financieros que forman parte del déficit público, desviando recursos de aspectos más necesarios (sanidad, educación…) y justificando las políticas de recortes por déficit excesivo. Se produce por tanto una trasferencia sin contraprestación hacia el sector bancario.

 Asimismo, los distintos decretos de pago a proveedores (el próximo se iniciará a partir de septiembre), hasta ahora, no afrontan el problema de la financiación municipal ni  establecen diferenciación entre unos consistorios y otros; ni tampoco contemplan las deudas que las comunidades autónomas tienen con los ayuntamientos.

Asistimos, por tanto al desmantelamiento de los servicios públicos a través del estrangulamiento económico de las administraciones, mediante el uso del concepto de “deuda” como único paradigma de análisis y como nueva herramienta de autoritarismo. Una deuda en forma de 162 millones que han hipotecado el futuro de la ciudad e intervenido de facto al consistorio. Sobre todo desde el acuerdo de renegociación de dicha deuda con el Ministerio de Hacienda.

Deuda, que por otro lado, ha sido contraída sin condiciones objetivas de libertad de elección, contemplada en condiciones preestablecidas y sin capacidad de negociación con distintas entidades financieras. Los Planes a proveedores han supuesto la sumisión a los planes de ajuste, que a su vez, han condicionado el endeudamiento impuesto a los consistorios en clave de intereses abusivos y yugos crediticios que anulan su independencia política y de gestión, hipotecando el futuro de la calidad de vida de la ciudadanía.

Tradicionalmente, numerosa doctrina de Derecho internacional ha denunciado como deuda ilegítima u odiosa, la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos, reconociendo que no tiene porque ser pagada y por tanto no es exigible su devolución. En este sentido, la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sesión de 5 de julio de 2012 "Recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas "y" Afirma que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales".
Tanto por parte de instituciones internacionales como por diversos  movimientos sociales, está siendo consensuado reconocer como causa de ilegitimidad de la deuda el  hecho de utilizar mecanismos políticos y económicos que faciliten de forma deliberada el aumento de la deuda o las decisiones políticas que aumentan este en contra del interés general de la población.

En este sentido, hay que destacar el trabajo de denuncia que está siendo desarrollado por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que expone la existencia de claros indicios de ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad.

Desde IU creemos que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, Educación, prestaciones sociales, infraestructuras…) y que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo” de la deuda, en la actual “crisis de deuda”, dificulta el acceso al crédito del Estado, hace aumentar los tipos de interés, aumenta, vía gastos financieros, el déficit público y facilita la justificación de los agentes neoliberales para los recortes al Estado de Bienestar.

Por todo ello, IU de León ​​propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos :

1- El pleno Municipal considera ilegítimos los intereses contraídos con las 8 entidades financieras privadas que concedieron los crédictos avalados por el ICO en 2012 por el capital de 162 millones prestados en el marco del Plan de Pago de Proveedores 2012 del Ministerio de Hacienda  donde se han aplicado intereses del 5,54% para pagar con dinero público, que estas entidades financieras han obtenido a intereses inferiores al 1%.

2 - El Pleno insta al gobierno municipal a cuantificar la cifra total de estos intereses y a emprender las acciones legales necesarias ante la justicia española, europea e internacional para lograr la nulidad de esta deuda ilegítima.

3 - Instamos al Gobierno municipal que se sume a la iniciativa de la PACD, para proponer la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda, auditoría que nos permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el cambio en el modelo económico y social, así como recuperar la soberanía de los pueblos y renunciar al pago de deuda ilegítima.

Fdo. Don Manuel Domínguez Chico
Coordinador Local de IU León


En León a 23 de Julio del 2013



ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCEMO. AYUNTAMIENTO DE LEON

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