viernes, 20 de septiembre de 2013

Un operativo de incendios permanente en las comarcas de León

IU exige medidas a la Junta para asegurar la existencia de una campaña de invierno contra incendios que sirva para su prevención para el verano. También proponemos que la Junta, la Diputación y los Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes se coordinen para abrir un parque provincial contra incendios para las comarcas de la provincia. La Diputación y los consistorios deben crear estos parques pero la Junta debe planificarlos y ayudar a su financiación. Del mismo modo la Junta puede colaborar para tener retenes permanentes y profesionalizados todo el año, que ejerzan la función de bomberos provinciales, retén de limpieza de montes y prevención de incendios en invierno y mantengan sus funciones habituales durante la campaña de incendios. Así todas las administraciones crearían un cuerpo público profesionalizado compartido por todas y financiado por todas, más eficaz y barato que el modelo actual.

También exigimos a la Junta que se persone contra todos los casos en que se juzgue a un incendiario y se esfuerce por que cumplan condena por ello, no como ocurrió con el responsable del incendio de 2010.

Se necesitan al menos 500 personas en toda Castilla y León para este fin. Por ahora la Junta está jugando con casi 5000 familias que dependen directamente de la administración y las empresas forestales, con influencia directa en 1500 trabajadores y trabajadoras. IU apuesta por un modelo público de colaboración de todas las administraciones que sustituya al público privado actual y que actúe todo el año.

La dejadez, impagados y abandono, junto a las condiciones laborales indecentes que soportan estos trabajadores puede pone en solfa los valores paisajísticos y naturales de la provincia y con ello su potencial turístico todos los años. Tan solo el 10% de funcionarios pueden ser profesionales reales en León, el resto, los más cualificados, deben trasladarse a otras comunidades autónomas para ejercer su profesión de forma digna.

En el resto de comunidades existen o han existido hasta la crisis dispositivos profesionales permanentes durante todo el año que se encargan de todo tipo de emergencia ocurridas en el medio rural (nevadas, inundaciones, rescates, labores preventivas contra incendios,… y por supuesto apagar los incendios que haya). Aquí solo se contrata a gente (no profesionales) en verano con lo que no se hace ningún servicio a los núcleos rurales (ni prevención ni extinción en invierno, que suele haber unos 500 incendios, ni se atiende a nevadas, inundaciones, rescates) impidiendo fijar población rural. Población que con solo abrir nuevas explotaciones ganaderas y soltar a ovejas y vacas en los montes puede ya de por si limpiarlos y prevenir de este modo innumerables incendios.

Al parecer los únicos que salen ganando con los incendios son los gerentes de las empresas forestales (muchas de ellas en manos de políticos o altos cargos de la Junta). Teniendo capacidad para presionar  a la administración, como han hecho anunciando paros patronales no hace mucho.

En el resto de España, como es lógico, esto no ocurre. En vez de empresas privadas (incluyendo entre ellas a Tragsa a pesar de ser pública) que lo único que pretenden es producir beneficios aunque sea a costa de reducir la operatividad del servicio de extinción, a costa de las condiciones laborales, lo llevan entes públicos. Pudiéndolo hacer de varias formas, llevando el peso bomberos (casos de Madrid, Asturias, Cataluña,…), la Administración (casos de Extremadura, Canarias,…), o empresas privadas (casos de Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón,…). Ellos optimizan los recursos que les son concedidos ya que no generan beneficios por lo que nadie, a parte del monte, sus trabajadores y la sociedad, ganan algo.

En el resto del país se garantiza una continuidad para la mayoría de los trabajadores profesionalizando así el operativo. En León esto no se fomenta.

IU apuesta por profesionalizar el sector, garantizar la continuidad del trabajador realizando labores de prevención de incendios, aquí casi olvidadas, hasta llegar a trabajar los 12 meses de trabajo al año y gestionar el operativo desde la propia Consejería de Medio Ambiente o, en el peor de los casos, subrogando las obras, es decir, que la empresa que se quede la obra tenga la obligación contratar al personal que antes las estaba realizando con otra empresa. Esto supone un coste cero a la Administración y garantiza la continuidad del personal y profesionalización del sector. Además fijaría población rural que es un objetivo de la Junta, esto ya se realizó así en otras comunidades y funcionó, por lo que no es entendible que no se haga en Castilla y León.

El monte es fuente de riqueza tanto por el turismo como la caza como los distintos aprovechamientos (madera, piñas, comestibles,….) y protegerlo además de producir un bien directo para la sociedad, sobretodo rural también produciría un beneficio indirecto ya que personal joven en edad de trabajar fijarían sus residencias en núcleos rurales evitando la despoblación y aportando riqueza a la zona.

El operativo de extinción de incendios de Castilla y León está obsoleto y debe cambiar para evitar las consecuencias de los incendios forestales. Una vez conseguido el objetivo podremos hablar de cómo recuperar el turismo en nuestras comarcas, de que consecuencias provocan la perdida del monte (riadas, potabilizar las aguas, impacto visual,…), en resumen de como recuperarlo. Los incendios son un fenómeno muy frecuente (en Castilla y León unos 2000) y no prepararse para combatirlos es un error ya que se demuestra que aunque una zona lleve tiempo sin arder acabará haciéndolo.


Santiago Ordóñez González.  Coordinador Provincial de IU en León 

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