viernes, 20 de septiembre de 2013
Un operativo de incendios permanente en las comarcas de León
IU exige medidas a la Junta para asegurar
la existencia de una campaña de invierno contra incendios que sirva para su
prevención para el verano. También proponemos que la Junta, la Diputación y los
Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes se coordinen para abrir un parque
provincial contra incendios para las comarcas de la provincia. La Diputación y
los consistorios deben crear estos parques pero la Junta debe planificarlos y
ayudar a su financiación. Del mismo modo la Junta puede colaborar para tener
retenes permanentes y profesionalizados todo el año, que ejerzan la función de
bomberos provinciales, retén de limpieza de montes y prevención de incendios en
invierno y mantengan sus funciones habituales durante la campaña de incendios.
Así todas las administraciones crearían un cuerpo público profesionalizado
compartido por todas y financiado por todas, más eficaz y barato que el modelo
actual.
También exigimos a la Junta que se persone
contra todos los casos en que se juzgue a un incendiario y se esfuerce por que
cumplan condena por ello, no como ocurrió con el responsable del incendio de
2010.
Se necesitan al menos 500 personas en toda
Castilla y León para este fin. Por ahora la Junta está jugando con casi 5000
familias que dependen directamente de la administración y las empresas forestales,
con influencia directa en 1500 trabajadores y trabajadoras. IU apuesta por un
modelo público de colaboración de todas las administraciones que sustituya al
público privado actual y que actúe todo el año.
La dejadez, impagados y abandono, junto a
las condiciones laborales indecentes que soportan estos trabajadores puede pone
en solfa los valores paisajísticos y naturales de la provincia y con ello su
potencial turístico todos los años. Tan solo el 10% de funcionarios pueden ser
profesionales reales en León, el resto, los más cualificados, deben trasladarse
a otras comunidades autónomas para ejercer su profesión de forma digna.
En el
resto de comunidades existen o han existido hasta la crisis dispositivos
profesionales permanentes durante todo el año que se encargan de todo tipo de emergencia
ocurridas en el medio rural (nevadas, inundaciones, rescates, labores
preventivas contra incendios,… y por supuesto apagar los incendios que haya).
Aquí solo se contrata a gente (no profesionales) en verano con lo que no se
hace ningún servicio a los núcleos rurales (ni prevención ni extinción en
invierno, que suele haber unos 500 incendios, ni se atiende a nevadas,
inundaciones, rescates) impidiendo fijar población rural. Población que con
solo abrir nuevas explotaciones ganaderas y soltar a ovejas y vacas en los
montes puede ya de por si limpiarlos y prevenir de este modo innumerables
incendios.
Al
parecer los únicos que salen ganando con los incendios son los gerentes de las
empresas forestales (muchas de ellas en manos de políticos o altos cargos de la
Junta). Teniendo capacidad para presionar
a la administración, como han hecho anunciando paros patronales no hace
mucho.
En el
resto de España, como es lógico, esto no ocurre. En vez de empresas privadas
(incluyendo entre ellas a Tragsa a pesar de ser pública) que lo único que
pretenden es producir beneficios aunque sea a costa de reducir la operatividad
del servicio de extinción, a costa de las condiciones laborales, lo llevan
entes públicos. Pudiéndolo hacer de varias formas, llevando el peso bomberos
(casos de Madrid, Asturias, Cataluña,…), la Administración (casos de Extremadura,
Canarias,…), o empresas privadas (casos de Andalucía, Castilla la Mancha,
Aragón,…). Ellos optimizan los recursos que les son concedidos ya que no
generan beneficios por lo que nadie, a parte del monte, sus trabajadores y la
sociedad, ganan algo.
En el
resto del país se garantiza una continuidad para la mayoría de los trabajadores
profesionalizando así el operativo. En León esto no se fomenta.
IU
apuesta por profesionalizar el sector, garantizar la continuidad del trabajador
realizando labores de prevención de incendios, aquí casi olvidadas, hasta
llegar a trabajar los 12 meses de trabajo al año y gestionar el operativo desde la propia Consejería de Medio
Ambiente o, en el peor de los casos, subrogando las obras, es decir, que la empresa
que se quede la obra tenga la obligación contratar al personal que antes las
estaba realizando con otra empresa. Esto supone un coste cero a la
Administración y garantiza la continuidad del personal y profesionalización del
sector. Además fijaría población rural que es un objetivo de la Junta, esto ya
se realizó así en otras comunidades y funcionó, por lo que no es entendible que
no se haga en Castilla y León.
El
monte es fuente de riqueza tanto por el turismo como la caza como los distintos
aprovechamientos (madera, piñas, comestibles,….) y protegerlo además de
producir un bien directo para la sociedad, sobretodo rural también produciría un beneficio indirecto ya que personal joven
en edad de trabajar fijarían sus residencias en núcleos rurales evitando la
despoblación y aportando riqueza a la zona.
El operativo
de extinción de incendios de Castilla y León está obsoleto y debe cambiar para
evitar las consecuencias de los incendios forestales. Una vez conseguido el
objetivo podremos hablar de cómo recuperar el turismo en nuestras comarcas, de
que consecuencias provocan la perdida del monte (riadas, potabilizar las aguas,
impacto visual,…), en resumen de como recuperarlo. Los incendios son un
fenómeno muy frecuente (en Castilla y León unos 2000) y no prepararse para
combatirlos es un error ya que se demuestra que aunque una zona lleve tiempo
sin arder acabará haciéndolo.
Santiago Ordóñez González.
Coordinador Provincial de IU en León
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